Redacción Entre Mayores 22-03-2018

Como explicó Markel Olano, la renovación de los convenios se realizará en las siguientes áreas clave: personas mayores dependientes; discapacidad; atención de menores e inclusión social y laboral de personas en riesgo de exclusión social.

La Diputación Foral de Gipuzkoa destinará en 2018 más de 206 millones de euros –16 millones más que el año pasado– para mantener y reforzar la red de servicios sociales en cuatro campos de acción clave del Departamento de Políticas Sociales, que suman un total de 8.410 plazas conveniadas (con 245 plazas nuevas) en 302 centros.

Así lo detalló recientemente el diputado general, Markel Olano, en el marco de la visita que realizó junto a la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, a la residencia para personas mayores Aita-Etxe, en el barrio donostiarra de Ategorrieta.

Se trata de los convenios y contratos prorrogados de los servicios sociales dentro del presupuesto 2018, que aprobó el Consejo de Gobierno Foral, y que según indicó Olano se implementarán en cuatro áreas: “Prestación de servicios a personas mayores dependientes; prestación de los servicios destinados a personas con discapacidad; atención de menores en situación de desamparo; así como convenios con diversas entidades que operan en el ámbito de la inserción social y laboral de personas en riesgo de exclusión, y en el de las víctimas de violencia machista”, puntualizó.

PARA MAYORES Y DISCAPACIDAD
La diputada Maite Peña señaló que se destinarán 115,5 millones para la prestación de diversos servicios a personas mayores dependientes (6.122 plazas), en residencias y centros de día. Y 43,5 millones serán para la prestación de personas con discapacidad (1.576 plazas conveniadas).

En ese sentido, Peña explicó que tanto para el servicio residencial como para el centro de día, la estimación del gasto se ha realizado en base a la “previsión de utilización” de plazas conforme a las tarifas aprobadas para cada convenio.

Además, Peña subrayó que la Diputación está trabajando en el diseño de un sistema de evaluación de la calidad en centros y servicios sociales, “que prevemos implantar experimentalmente este año”.